Al prohibir los robots humanoides chinos, Washington intenta ganar tiempo para su industria, pero la falta de competencia no es una fortaleza.

Los discursos de reconocimiento de derrota siguen una fórmula: un lenguaje desafiante, agradecimientos a los fieles seguidores y la promesa de que la lucha continúa. El mes pasado, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU., pronunció esencialmente uno de estos discursos en nombre de la industria robótica estadounidense.

Basándose en las conclusiones de un grupo de trabajo de la Casa Blanca, Carr añadió nuevos robots humanoides, cuadrúpedos e inversores de potencia de fabricación extranjera a la «Lista de Equipos Cubiertos» (*Covered List*) de la agencia, negándoles la autorización que casi cualquier dispositivo electrónico requiere para venderse en Estados Unidos. Los motivos declarados para estas restricciones son la ciberseguridad y los riesgos en la cadena de suministro.

El motivo no declarado es una cuestión aritmética. Los fabricantes chinos representan aproximadamente el 85% del mercado mundial de robots humanoides. No existe una industria estadounidense consolidada que proteger, sino más bien una industria incipiente que se pretende criar tras un muro.

Ese es el mensaje que recibió el sector. Evan Beard, director ejecutivo de Standard Bots, elogió la orden calificándola como una de las medidas de seguridad tecnológica más contundentes en la historia moderna de EE.UU., y prometió que las máquinas subvencionadas por el extranjero no «dominarían la robótica estadounidense como lo hicieron con la energía solar».

El argumento de seguridad merece ser escuchado con imparcialidad. Una máquina conectada a la red, equipada con cámaras, micrófonos y extremidades, y situada en una fábrica o una residencia de ancianos, constituye una plataforma plausible para el espionaje y el sabotaje. Sin embargo, la orden deja claro hasta qué punto Washington se toma en serio su propia advertencia: exime al gobierno federal, que podrá seguir comprando las máquinas consideradas demasiado peligrosas para los ciudadanos comunes.

Una amenaza que afecta a todos los estadounidenses, excepto al propio gobierno, no constituye tanto una evaluación de riesgos como un arancel disfrazado.

Lo que nos devuelve a Beard y al sector de la energía solar. Aunque Washington comenzó a levantar barreras contra los paneles chinos mediante aranceles antidumping durante la administración Obama en 2012, China controla actualmente más del 80% de todas las etapas de la fabricación mundial de paneles solares. Esa barrera determinó quién podía vender a los estadounidenses, pero no quién se imponía en el sector.