Lo que a menudo se describe como exceso de capacidad es el resultado de una estrategia de desarrollo que considera la energía como la base de la capacidad económica.

Hoy en día, a menudo se describe a China como un país con «exceso de capacidad» en la fabricación. Su dominio en paneles solares, baterías y equipos eólicos, por ejemplo, ha desconcertado a muchos observadores. ¿Cómo un país que alguna vez fue considerado subdesarrollado se convirtió, en una generación, en un país tan tecnológicamente avanzado que su éxito ahora inquieta a los mercados globales?.

Parte de la respuesta reside en cómo interpretamos el desarrollo de China. Lo que a menudo se describe como exceso de capacidad se entiende mejor como el resultado de una estrategia de desarrollo centrada en la energía, que considera la energía como la base de la capacidad económica moderna.

La energía es el oxígeno de la vida moderna. Sin ella, las economías se asfixian. Cada gran avance en el desarrollo humano, desde las máquinas de vapor hasta los chips de silicio, ha dependido de la disponibilidad de energía. La cuestión decisiva hoy es si podemos suministrar suficiente energía de forma limpia y rápida. Pocos países ilustran este dilema con tanta claridad como China.

A finales del siglo XX, China era un país con escasez de energía. Su despegue económico se impulsó principalmente con carbón, abundante pero devastador para el medio ambiente. A finales de la década de 1990, la contaminación atmosférica tóxica y la contaminación de ríos y suelos eran imposibles de ignorar. Los líderes chinos comprendieron que este modelo de desarrollo era insostenible.

Desde principios de la década de 2010, los responsables políticos ya se enfrentaban a múltiples desafíos simultáneamente: degradación ambiental, suministro de energía, modernización industrial y los límites del crecimiento impulsado por la fabricación de bajo costo. Estos problemas también debían abordarse al mismo tiempo.

En 2012, el Partido Comunista incluyó la «civilización ecológica» en su constitución, lo que indicaba que el crecimiento ya no podía lograrse a cualquier precio y que los ciclos de planificación quinquenales debían ajustarse en consecuencia. La urgencia se intensificó en 2013, cuando los graves episodios de contaminación atmosférica desencadenaron una «guerra contra la contaminación» a nivel nacional, endureciendo la aplicación de la ley, limitando el uso de carbón en regiones clave y legitimando un cambio estructural más profundo.