El acuerdo voluntario con empresas tecnológicas estadounidenses anunciado por Trump se basa principalmente en la autorregulación, a diferencia del enfoque adoptado por Bruselas y Beijing.

Acompañado por destacados ejecutivos del sector tecnológico, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un acuerdo voluntario mediante el cual las principales empresas de inteligencia artificial (IA) utilizarán controles y supervisión internos, auditorías externas y la vigilancia de sus juntas directivas para gestionar los riesgos. La Casa Blanca califica estos compromisos como «moralmente vinculantes», pero el acuerdo no establece un sistema comparable de aplicación legal obligatoria.

La lógica de la administración es comprensible. La IA se está convirtiendo en una fuente de poder económico y militar, y Washington no quiere que la regulación frene a las empresas estadounidenses mientras China avanza a toda velocidad. Pero ¿qué sucede cuando el país que desarrolla muchos de los sistemas de IA más potentes del mundo dice al resto del planeta que las empresas que los crean deben, en gran medida, autorregularse?.

Esa cuestión no puede limitarse a Washington. Un modelo puede desarrollarse en California, entrenarse utilizando infraestructura informática estadounidense, incorporarse a un producto vendido en Europa y, finalmente, utilizarse en Asia o África. Sus consecuencias no se detienen en las fronteras del país donde fue desarrollado.