La nueva estrategia tecnológica de EE.UU. demuestra que Washington está asimilando la lección fundamental del ascenso de China: el liderazgo tecnológico es un imperativo de seguridad nacional.
El gobierno de EE.UU. posee el 9,9% de Intel —resultado de la conversión de subvenciones de la Ley de Chips (US Chips Act)—, además de una «acción de oro» en US Steel, una inversión de 400 millones de dólares en la empresa de minería de tierras raras MP Materials y participaciones en unas 30 empresas valoradas en 26.700 millones de dólares. En 2025, Nvidia y AMD renunciaron al 15% de sus ingresos por ventas de chips a China a cambio de licencias de exportación. El país que pasó cuatro décadas aconsejando a sus aliados que no eligieran «ganadores» ahora gestiona una cartera de inversiones.
Estados Unidos no ha adoptado plenamente el capitalismo de Estado, pero ha aceptado algo a lo que se resistió durante 80 años: el liderazgo tecnológico es un objetivo de seguridad en sí mismo —perseguido mediante instrumentos de política de seguridad— y no simplemente una ventaja económica que genera dividendos en materia de seguridad.
La Estrategia de Ciencia y Tecnología para la Seguridad Nacional, presentada el 18 de agosto —el primer documento de este tipo con tal nombre desde el de Bill Clinton en 1995—, es donde esta premisa queda plasmada por escrito. Gran parte del texto sigue el estilo habitual de estos documentos. Sin embargo, hay una frase que revela la verdadera intención: EE.UU. debe evitar disputas en las que adversarios capaces puedan contrarrestar fácilmente sus movimientos y no debe gastar recursos en replicar lo que un rival ya ha construido mejor.
Los países no rediseñan el tablero de juego mientras van ganando. Washington ha adoptado las tácticas de un púgil con mayor alcance que evita intercambiar golpes en el cuerpo a cuerpo: mantener la distancia, ceder el espacio interior y ganar allí donde sus brazos tienen ventaja. Es un planteamiento racional y, además, lo que hacen los luchadores una vez que han sentido la fuerza de su oponente.
El resto del documento se deriva de esa premisa. La inversión extranjera, las empresas y el personal vinculados a la investigación estadounidense se enfrentan a un escrutinio más riguroso, aunque un memorando presidencial ya había orientado al Comité de Inversión Extranjera en EE.UU. (CFIUS) en contra del capital chino en sectores estratégicos desde febrero de 2025. La seguridad en la investigación ha pasado de ser una mera tarea de cumplimiento normativo a convertirse en una faceta de la estrategia de Estado. Se reservan tres ámbitos estratégicos para obtener ventaja en el campo de batalla —el submarino, el espacial y el de la inteligencia artificial y la autonomía—, los cuales se sitúan por encima de una lista de tecnologías facilitadoras que abarca desde la hipersónica, la energía dirigida y los semiconductores hasta la energía nuclear.
El documento estratégico penetra más profundamente en la sociedad estadounidense a través de la alineación de esfuerzos. Se orienta a las agencias para que formalicen contratos clave con proveedores competidores, se les instruye para que destinen los fondos federales a complementar el capital privado —en lugar de desplazarlo— y se les insta a agilizar los procesos de autorización para que el conocimiento especializado fluya entre laboratorios, empresas y departamentos a la velocidad del sector comercial. Las universidades se integran en este mismo esquema mediante procesos de evaluación y selección.

