La normativa de Beijing, calificada de «hito», autoriza medidas de represalia ante barreras comerciales y restringe la fuga de información sobre investigaciones.

China ha promulgado una amplia ley de inversión en el extranjero destinada a salvaguardar los intereses nacionales frente a barreras comerciales y al uso no autorizado de tecnología avanzada fuera del país; no obstante, los analistas advierten que esta medida podría complicar las operaciones de los socios extranjeros.

El Reglamento sobre Inversión en el Extranjero del Consejo de Estado, compuesto por 34 artículos y cuya entrada en vigor está prevista para el miércoles, autoriza la adopción de «medidas necesarias y defensivas» para proteger a los inversores y los intereses chinos en el extranjero en respuesta a barreras comerciales impuestas por otros países.

En virtud de esta normativa, el gobierno investigará las barreras a la inversión relacionadas con el comercio impuestas por países extranjeros y coordinará medidas de represalia. Las autoridades calificaron la ley como un «hito en la historia del desarrollo de la inversión china en el exterior».

En los últimos años, los países occidentales han intensificado el uso de sanciones, aranceles, investigaciones antisubvenciones y listas negras de empresas para afectar a las industrias chinas.

La nueva ley de Beijing —también conocida como el reglamento de 2026 sobre inversión directa en el exterior (ODI, por sus siglas en inglés)— exige a los inversores chinos colaborar con las autoridades durante cualquier investigación en el extranjero, según el sitio web del bufete de abogados Charltons.

En particular, los inversores chinos que operan fuera del país deben evitar el uso no autorizado de tecnologías o datos «sujetos a prohibiciones», incluso a través de la reasignación de personal o la realización de actividades de formación, señaló Charltons.